Octubre es el Mes de la Planificación Financiera, lo que lo convierte en el momento perfecto para que las organizaciones consideren el cumplimiento normativo no solo como un requisito legal, sino también como una protección financiera. Hoy queremos centrarnos en el Proyecto de Ley 96 , una ley que conlleva costos muy reales —desde multas y daños a la reputación hasta la pérdida de licitaciones—, pero que también representa una oportunidad para invertir en procesos que protejan la rentabilidad y la eficiencia operativa a largo plazo.
El Proyecto de Ley 96 —oficialmente una Ley relativa al francés, idioma oficial y común de Quebec— establece que el francés sea el idioma por defecto en los negocios y la vida pública. Las últimas actualizaciones incluyen una aplicación más estricta, nuevas normas de documentación y cambios operativos que las organizaciones con 25 o más empleados necesitan implementar para cumplir con las normas en la provincia más grande de Canadá.
Para muchos, lo más sorprendente es su amplia aplicación. No es necesario tener una sede social en Montreal o Quebec para estar dentro de su ámbito de aplicación. Si emplea personal en Quebec, vende a consumidores quebequenses o se asocia con empresas quebequenses, es probable que estas normas se apliquen, independientemente de que su sede se encuentre en Toronto, Vancouver, Londres, Nueva York o cualquier otro lugar.


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